Expediente Laboral 302-2003 

Proceso Judicial por Despido Arbitrario 

 

 

 

Trabajo de Suficiencia Profesional  

presentado para optar al Título Profesional de  

Abogado 

 

 

Presentado por 

Ricardo Ernesto Guillén Velásquez 

 

 

 

 

 

 

Lima, octubre de 2024 



2  

REPORTE DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA ANTIPLAGIO 

FACULTAD DE DERECHO 

A través del presente documento la Facultad de Derecho deja constancia de que el Trabajo de Suficiencia 

Profesional “Expediente Laboral 302-2003 Proceso Judicial por Despido Arbitrario” presentada por el Sr. 

RICARDO ERNESTO GUILLEN VELÁSQUEZ, con DNI 72664221, para optar el Título Profesional de 

Abogado, fue sometido al análisis del sistema antiplagio Turnitin el 12 de agosto del año 2024; obteniendo el 

siguiente resultado: 
 

 

 

 

De acuerdo con la política vigente, el porcentaje obtenido de similitud con otras fuentes está dentro de los 

márgenes permitidos. 

Se emite el presente documento para los fines estipulados en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad al 

que pertenece el interesado. 

 

Lima, 31 de octubre de 2024 
 

Carla Mares 

Decana de la Facultad de Derecho 



3  

TABLA DE CONTENIDO 

I. Introducción ......................................................................................................... 5 

II. Temas jurídicamente relevantes ............................................................................ 6 

III. Proceso Judicial ..................................................................................................... 7 

i. Antecedentes ...................................................................................................... 7 

ii. Demanda Laboral .............................................................................................11 

iii. Contestación a la Demanda .............................................................................. 15 

iv. Sentencia de Primera Instancia ........................................................................ 18 

v. Recurso de Apelación....................................................................................... 22 

vi. Sentencia de Segunda Instancia ....................................................................... 25 

vii. Recurso de Casación ........................................................................................ 26 

viii. Sentencia de la Corte Suprema ........................................................................ 28 

IV. Comentarios al Proceso Judicial ......................................................................... 30 

i. Sobre la Demanda, Contestación y Sentencia de Primera Instancia .................. 30 

ii. Sobre, el Recurso de Apelación y Sentencia de Segunda Instancia ................... 39 

iii. Sobre, el Recurso de Casación y Sentencia de la Corte Suprema ...................... 43 

V. Análisis de los puntos jurídicamente relevantes ................................................... 48 

i. Tipos de Despido en el Ordenamiento Nacional .............................................. 48 

a) Despido Nulo ............................................................................................. 48 

b) Despido Incausado ..................................................................................... 49 

c) Despido Injustificado .................................................................................. 49 

d) Despido Fradulento ................................................................................... 50 

ii. Despido Arbitrario…........................................................................................ 51 

a) Marco Jurídico…........................................................................................ 51 

b) Sobre la falta grave ..................................................................................... 55 

c) Sobre la buena fe laboral ............................................................................ 60 

d) Formalidades en el Procedimiento de despido ........................................... 63 

e) Sobre el análisis de los hechos del caso… ................................................. 66 

iii. Aplicación de los Principios del Derecho Laboral ........................................... 72 

a) Sobre el principio de Inmediatez ................................................................ 72 

b) Sobre los principios de Razonabilidad y Proporcionalidad ........................ 76 

c) Sobre el principio del Debido Proceso ....................................................... 80 

iv. Otorgamiento de Acumulación de Tiempo de Servicios .................................. 82 



4  

a) Marco Jurídico............................................................................................ 83 

b) Sobre la libertad contractual ....................................................................... 86 

v. Potestad Sancionadora del Empleador .............................................................91 

a) Sobre fijar causales de omisión de obligaciones ........................................ 92 

b) Límites a la potestad sancionadora del empleador ..................................... 93 

VI. Jurisprudencia Relevante .................................................................................... 98 

i. De la Corte Suprema ..................................................................................... 98 

a. Casación laboral 6503-2016. Junín… ............................................... 98 

b. Casación laboral 13151-215. Arequipa ........................................... 100 

c. Casación laboral 10397-2018. Del Santa ......................................... 101 

d. Casación laboral 15867-2015. Ica ................................................... 103 

e. Casación laboral 1939-2017. Cañete............................................... 105 

ii. Del Tribunal Constitucional ........................................................................ 106 

a. Demanda de Amparo, Exp. 1124-2001-AA/TC ............................ 106 

b. Demanda de Amparo, Exp. 975-2001-AA/TC .............................. 107 

c. Demanda de Amparo, Exp. 0206-2005-PA/TC ..............................107 

d. Demanda de Amparo, Exp. 06859-2015-PA/TC ............................108 

e. Demanda de Amparo, Exp. 00543-2007-PA/TC ............................ 109 

f. Demanda de Amparo, Exp. 03860-2013-PA/TC ............................ 110 

g. Demanda de Amparo, Exp. 00517-2011-PA/TC ............................ 112 

h. Demanda de Amparo, Exp. 04224-2009-PA/TC ............................ 114 

VII. Recomendaciones .............................................................................................. 115 

VIII. Conclusiones .................................................................................................... 117 

IX. Bibliografía....................................................................................................... 119 



5  

I. Introducción 

 

 

El presente trabajo tiene por finalidad hacer un análisis jurídico e informativo 

acerca del proceso judicial que se llevó a cabo entre el Señor José Alberto 

Coello Valladares (en adelante, el “Demandante”) y Telefónica Centro de 

Cobros S.A.C (en adelante, la “Demandada”). Litigio motivado por el despido 

que tuvo a lugar el 19 de mayo del 2003 en perjuicio del Demandante. 

 

En primer lugar, se presentarán brevemente los hechos jurídicamente 

relevantes para este informe, seguido de los antecedentes que son pertinentes 

para entender cabalmente la controversia y las circunstancias que rodean el 

proceso judicial. En segundo lugar, se expondrán los hechos y sucesos más 

importantes acontecidos a lo largo del litigio laboral entre las partes. Luego 

de eso, se repasarán los temas jurídicos preponderantes para el análisis 

jurídico respectivo. 

 

En tercer lugar, se hará un desarrollo de dichos temas, en base a criterios 

establecidos ya sea por la legislación nacional peruana (en adelante, la “Ley”), 

desarrollados por la doctrina o por criterios casuísticos (propiamente, la 

“jurisprudencia”) que denoten la correcta interpretación tanto de los principios 

que rigen la materia laboral, así como las disposiciones contenidas en la 

misma ley, que muchas veces tanto el empleador como el trabajador suelen 

confundir y aplicar de forma indebida. 

 

Previo a la parte final de este trabajo, se hará un recuento y mención de los 

casos y precedentes vinculantes más sobresalientes en los últimos años que 

sean pertinentes a raíz del tema propuesto. Y finalmente se darán 

recomendaciones en base a lo que fue y debió ser tanto para la parte 

demandante y demandada, así como algunos alcances y temas sobresalientes 

que debieron contener las sentencias emitidas por el organismo jurisdiccional 

correspondiente. Por último, se mencionarán las conclusiones respectivas 

acerca de todo lo desarrollado. 



6  

II. Temas Jurídicamente Relevantes 

 

 

1. De manera orientadora, es necesario mencionar qué temas y materias del 

derecho laboral serán en primer lugar debatidos. En segundo lugar, 

desarrollados y en último lugar, defendidos u omitidos. Es así como el 

primer tópico que sale a la vista es el despido en sí mismo. Saber si es que 

en este caso hubo o no un despido arbitrario. Como premisa es necesario 

decir que para que sea considerado el despido como arbitrario, tiene que 

ser contrario a lo que señala la ley. 

 

2. El segundo tema más sobresaliente, va relacionado con el reconocimiento 

del tiempo acumulado de servicios. Saber si al trabajador le corresponde 

o no pretender indemnización por el tiempo total que laboró ya sea con la 

Demandada o sino también con la empresa previa. Parece un tema 

bastante sencillo de dilucidar, pero las partes por contrato plantearon que 

dicho reconocimiento era válido. En ese sentido, saber si el pacto era 

válido, si tenía alguna repercusión legal o si simplemente fue una cláusula 

vacía. 

 

3. Un tercer tema es el propuesto por la parte Demandante, es decir, la 

violación al principio de inmediatez. Tal principio actualmente tiene sus 

alcances y base legal contenida en el artículo 31 del Decreto Supremo N°. 

003-97-TR1. En ese sentido, será importante saber si se viola o no dicho 

principio, el cual podría ser determinante para brindar una respuesta 

categórica a si hubo o no despido arbitrario. La pertinencia del principio 

 

1 D.S. N° 003-97-TR. Artículo 31.- El empleador no podrá despedir por causa relacionada 

con la conducta o con la capacidad del trabajador sin antes otorgarle un plazo razonable no 

menor de seis días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le 

formule, salvo aquellos casos de falta grave en que no resulte razonable tal posibilidad o de 

treinta días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia. 

 

Mientras dure el trámite precio vinculado al despido por causa relacionada con la conducta 

del trabajador, el empleador puede exonerarlo de su obligación de asistir al centro de 

trabajo, siempre que ello no perjudique su derecho de defensa y se le abone la remuneración 

y demás derechos y beneficios que pudieran corresponderle. La exoneración debe constar 

por escrito. 

 

Tanto en el caso contemplado en el presente artículo como en el artículo 32°, debe observase 

el principio de inmediatez 



7  

de inmediatez va relacionada con si hubo o no “perdón” de la falta 

cometida. O incluso plantear si en violación del principio de inmediatez 

pudo haber alguna “preclusión” de algún derecho por no respetar plazos 

perentorios establecidos por ley. 

 

4. Un cuarto tema que es menos preponderante pero igual de relevante, será 

analizar y entender si se respetaron tanto el principio de razonabilidad 

como el principio de proporcionalidad. En un debate como lo es saber si 

el despido tenía lugar o no, resulta indispensable tener en consideración 

dichos principios como pilares de la relación laboral. 

 

5. Por último, un tema propuesto por el presente trabajo mas no por las partes 

en el litigio propiamente, es entender la capacidad que tiene el empleador 

para delimitar cuándo se configura la omisión de las obligaciones 

laborales para los puestos de confianza. Los jueces (tanto de la Corte 

Superior como de la Corte Suprema) intentan desarrollar este aspecto, 

pero no terminan de ser categóricos, por lo que será labor de la doctrina y 

jurisprudencia darnos mayor precisión. 

 

III. Proceso Judicial 

 

 

i. Antecedentes 

 

 

6. De forma previa al proceso judicial en sí mismo, hubo una serie de 

antecedentes que son necesarios mencionar para poder entender la 

relación laboral y sustancial que tuvo el Demandante con la Demandada. 

Siendo como primer hecho pertinente, cuando comenzó a laborar el 

Demandante. El Sr. Alberto Coello comenzó a trabajar en la empresa 

“Compañía Peruana de Teléfonos S.A.” el nueve de febrero de mil 

novecientos setenta y seis (09/02/1976) como auxiliar contable. 

 

7. Posteriormente, dicha empresa se fusionó con “Entel Perú S.A.” y 

formaron propiamente la segunda empresa con la que pasaría a trabajar: 

“Telefónica del Perú S.A.” el treinta y uno de diciembre de mil 



8  

novecientos noventa y cuatro (31/12/1994). Produciéndose además la 

promoción del Demandante de auxiliar contable a analista contable. 

 

8. En esta segunda empresa, el Demandante laboró hasta el primero de junio 

del dos mil uno (01/06/2001) puesto que se crearía una tercera empresa 

denominada “Telefónica Centro de Cobros S.A.C.”. 

 

9. Según lo expuesto por el Demandante, y no contradicho por la 

Demandada, el área contable de la empresa “Telefónica del Perú S.A.” 

pasó a depender de la nueva empresa creada (la Demandada) y se obligó 

compulsivamente al personal a que forzosamente se pase a la nueva 

empresa, bajo amenaza de despido. 

 

10. Es así como el Demandante renunció a la empresa “Telefónica del Perú 

S.A.” el treinta y uno de mayo del dos mil uno (31/05/2001). Y dicha 

empresa realizó la liquidación correspondiente por el período del 

09/02/1976 hasta el 31/05/2001. Reconociéndole al trabajador 25 años y 

4 meses aproximadamente para el pago de la CTS correspondiente. 

 

11. El primero de junio del dos mil uno (01/06/2001) el Demandante firmó su 

nuevo contrato de trabajo con la Demandada. Se estableció en este que 

tendría el cargo de “Supervisor” entendido como “Jefe de Agencia”, cargo 

que ambas partes reconocerían estuvo catalogado como “Cargo de 

Confianza”. 

 

12. Se le concedió al trabajador dos beneficios contractuales, además de los 

exigidos por ley. En primer lugar, un bono excepcional y con pago único 

por cumplir 1 año de servicio con la empresa contratante. Bono 

equivalente al 5% de su remuneración anual. Asimismo, las partes 

pactaron que en caso Telefónica Centro de Cobros S.A.C. pusiera término 

a la relación laboral sin que hubiera existido causal válida (despido 

arbitrario), la empresa reconocería el tiempo de servicio que el trabajador 

prestó para “Telefónica del Perú S.A.”. 



9  

13. Que, con fecha nueve de abril del dos mil tres (09/04/2003), se le envió la 

primera carta notarial al Demandante imputándole los cargos de omisión 

grave de obligaciones laborales. Puesto que, con fecha incierta, pero 

aproximada entre los primeros días de diciembre del 2002, el Demandante 

habría impartido la orden de extraer dos mil soles (S/ 2,000.00) de la caja 

de “la Agencia los Olivos” para entregarlos a un tercero. Supuestamente 

para cambio de billetes a monedas, pero que al final fueron robados. 

Asimismo, se le atribuye responsabilidad por un faltante ascendente a 10 

mil soles (S/ 10,000.00) por notas de abono irregulares durante su 

supervisión entre los días 13 y 18 de noviembre del 2002. Y, por último, 

se le imputaría falta grave por no informar acerca de ninguno de estos 

eventos, como obliga el procedimiento interno de la empresa. 

 

14. Frente a esta imputación, el Demandante respondió con fecha catorce de 

abril del dos mil tres (14/04/2003). Planteando sus argumentos alrededor 

de que se estaría violando su derecho de defensa al no brindársele 

precisión sobre día, fecha y hora de las faltas. Asimismo, rechazó los 

cargos imputados al carecer de causal fáctica. 

 

15. Con fecha siete de mayo del dos mil tres (07/05/2003); se le cursó una 

segunda carta notarial al Demandante, en la cual se afirmaba que no se 

había violado su derecho de defensa y que el Demandante tuvo pleno 

conocimiento de las faltas imputadas y los hechos que las acontecen. 

Puesto que de las investigaciones realizadas con fecha diciembre del 2002, 

se había tomado el testimonio tanto del Demandante como del Cajero 

Supervisor (quien también habría participado de lo sucedido), el Sr. 

Anthony Mejía, y producto de estas se habría encontrado a los 

responsables de los eventos señalados. 

 

16. Que, posteriormente con fecha trece de mayo del dos mil tres 

(13/05/2003), el Demandante respondió a la segunda carta notarial. 

Declarando que de haber despido, este sería extemporáneo; puesto que, 

desde la primera carta notarial han pasado más de seis días hábiles para 

reconsiderar o ampliar imputaciones al trabajador. Además, en tanto la 



10  

nueva imputación de cargos o prórroga del cargo anterior sobrepasa el 

plazo de seis días, esta sería ilícita pues no se basa en ningún hecho nuevo 

que justifique dicha extemporaneidad. Por último, se reafirmó en su 

primer descargo y solicitaría nuevamente se le brinde el detalle de las 

investigaciones para no violar su derecho de defensa. 

 

17. Por último, con fecha diecinueve de mayo del dos mil tres (19/05/2003) 

se le mandó la carta de despido. Se imputaría que el Demandante cometió 

falta grave por incumplimiento de sus obligaciones laborales propias al 

cargo de confianza. Asimismo, se le respondería al trabajador despedido 

que no se le pudo dar detalle, porque él mismo no lo brindó en la entrevista 

realizada precisión acerca del suceso. 

 

18. La Demandada sostuvo que el Demandante actuó de mala fe durante el 

procedimiento, puesto que ha faltado a la verdad al decir que no tenía 

conocimiento, pese a que las actas internas demuestran lo contrario. Y, 

por último, con respecto al plazo de extemporaneidad, la Demandada se 

amparó en que la ley no establece plazos máximos para responder a las 

cartas con descargos, solo debía aplicarse el criterio de razonabilidad. Si 

hubo demora, fue por el análisis de los hechos y la necesidad de brindar 

una respuesta adecuada a los descargos del Demandante. 

 

19. Cómo últimos antecedentes, es importante señalar las actuaciones previas 

a la demanda laboral. Que, el Demandante por voluntad propia y sin 

comunicar a la Demandada, decidió reponer el dinero faltante producto 

del robo en su agencia. Así como también, el diecinueve de febrero del 

dos mil tres (19/02/2003) solicitó un préstamo a la Demandada por el 

monto de diez mil soles (S/10,000.00) con el cual asumió también el 

faltante por las notas de abono irregulares imputadas en su gestión de 

supervisión. 

 

20.  Que, con fecha dieciséis de junio del dos mil tres (16/06/2003) el señor 

Anthony Mejía, quien trabajó como cajero supervisor a cargo del 

Demandante en la Agencia de los Olivos y quien participó del suceso 



11  

donde se robaron los dos mil soles, realizó una declaración jurada notarial. 

En dicho documento, el cajero supervisor reconocería que habría sido el 

único y exclusivo responsable del fondo de sencillo. En vista de que era 

el encargado de las funciones de recepción, custodia, distribución y 

devolución del fondo de sencillo. Y que esta persona asumía toda la 

responsabilidad por la pérdida del dinero. Además, exculpaba al 

Demandante, puesto que él nunca le autorizó a salir de la agencia, sino 

que fue una “decisión que él mismo tomó”. Por último, señalaría que la 

suma fue reintegrada, sin causarle perjuicio a la Demandada. 

 

ii. Demanda laboral 

 

 

21. Es así como el diecisiete de junio del dos mil tres (17/06/2003) el Sr. 

Alberto Coello planteó demanda laboral por despido arbitrario contra 

Telefónica Centro de Cobros S.A. teniendo como petitorio dos 

pretensiones: por un lado, que se le otorgue una indemnización por el 

monto de setenta y cinco mil soles (S/ 75,000.00) y; por otro lado, que se 

le reconozca los intereses legales, así como también el pago de costos y 

costas correspondientes. 

 

22. En primer lugar, sustentaría la cuantía de su pedido en base a que la ley 

otorga una remuneración y media ordinaria por año completo laborado en 

la empresa, y al contabilizar este veintisiete años y tres meses de servicios, 

sería acreedor al tope máximo que impone la ley como indemnización por 

despido arbitrario (12 sueldos). Por ende, al haber tenido como 

remuneración mensual seis mil doscientos cincuenta (S/ 6,250.00), esta al 

multiplicarse por doce, se tendría los setenta y cinco mil soles (S/ 

75,000.00) de la primera pretensión principal. 

 

23. Para establecer el período de veintisiete años y tres meses, defendería dos 

razones principales. Por un lado, las empresas Telefónica del Perú S.A. y 

la Demandada formarían parte de un mismo grupo económico, por lo que 

el trabajo sería en última instancia en beneficio de la matriz y la filial (la 

Demandada) sería dependiente de este ente organizacional y 



12  

corporativamente gubernamental. Describiría su situación, por la cual el 

Demandante entendió que la empresa matriz lo habría obligado a que se 

pasase a trabajar para la Demandada, puesto que, de no ser así, podría 

haberse generarse su despido. 

 

24. Y, por otro lado, que la Demandada habría reconocido ella misma que el 

tiempo laborado por el Demandante en Telefónica del Perú S.A. sería 

contabilizado en caso se produjese un despido arbitrario. Siendo este para 

él un caso de despido arbitrario ya que no habría cometido ninguna falta 

grave y más bien se trataría de una imputación falsa e injusta. 

 

25. Con respecto a los fundamentos de hecho en que basó su demanda, el 

Demandante argumentaría que la imputación de falta grave era injusta. Se 

le atribuyeron supuestas faltas de no supervisar adecuadamente y de no 

cumplir con informar irregularidades. Sin embargo, él no habría cometido 

esas faltas y, por el contrario, siempre habría trabajado con eficiencia, 

responsabilidad y honestidad a lo largo de su carrera. 

 

26. En su versión de los hechos, se pronunció sobre dos de las tres faltas 

imputadas: con respecto a la primera falta, la orden de retirar dos mil soles 

(S/ 2,000.00) para entregárselo a un tercero y posterior robo, manifestó 

que él no recibía el sencillo del fondo de dinero, no lo custodiaba, no lo 

distribuía entre los cajeros, no rendía cuenta de estos y tampoco devolvía 

el dinero del fondo. Esa era labor del Cajero Supervisor, quien tenía esas 

funciones por decisión de la Demandada. El Demandante afirmó lo 

siguiente: que mal podía haber dado yo una orden sobre un asunto que 

escapaba a mi competencia y funciones. 

 

27. Además, reforzaría su argumento en que no habría generado perjuicio 

económico a la Demandada. Puesto que esta nunca los habría expuesto en 

su carta de despido. Es así que pese a que no tendría responsabilidad por 

el robo del dinero, asumiría la reposición de este justamente para evitar 

cualquier daño a su empleadora. 



13  

28. Con respecto a la segunda imputación, las notas de abono que 

demostraban un faltante de diez mil soles (S/ 10,000.00) en el balance 

patrimonial de la Demandada, manifestó que tampoco era su función 

registrar ni reponer los depósitos que pudiera pretender la Demandada. El 

único responsable de esas funciones sería el Cajero Supervisor Anthony 

Mejía. Y con respecto a este, como se había retirado ya de su cargo y no 

se le imputó oportunamente esa falta, se estaría repitiendo contra él para 

encontrar un culpable. 

 

29. Asimismo, afirmaría que, motivado por el pedido del Gerente de 

Operaciones de la Demandada, tuvo que reponer dicho desbalance. Y 

como prueba de ello adjuntó como anexo a su demanda, el préstamo que 

solicitaría en marzo del dos mil tres a la Demandada. Donde el 

Demandante solicitaría un préstamo excepcional por el monto de los diez 

mil soles y este sería aceptado. Siendo dicho préstamo pagado con los 

descuentos correspondientes a partir del siguiente mes (desde abril del dos 

mil tres). Por último, aduciría que la Demandada habría actuado de mala 

fe, puesto que una vez se terminó de pagar dicho préstamo se le acusó de 

falta grave. 

 

30. En el siguiente apartado de su Demanda, se pronunció sobre el proceso de 

despido que tuvo y de los vicios que se cometieron. Narró en su escrito 

que en la primera carta notarial que se le envió, se recortó su derecho de 

defensa. Debido a que no se le entregó detalle de las investigaciones y no 

se le precisaron las circunstancias de las imputaciones tales como hora, 

día, ni lugar. 

 

31. Seguidamente en su argumentación comentaría que posteriormente a su 

descargo notarial, se le volvería a enviar una segunda carta notarial donde 

se volverían a cometer tales vicios y esta vez se le sumaría una violación 

al principio de inmediatez. A criterio del Demandante, este nuevo aviso 

notarial no se habría basado en nuevos hechos sobrevinientes que 

meritaban una nueva imputación. Y que, haberlo vuelto a emplazar por el 



14  

lapso de seis días, reinició el proceso de despido y eso habría sido 

contrario al principio de inmediatez. 

 

32. Por último, con respecto a su proceso de despido, manifestó que hizo el 

descargo a la segunda carta notarial aduciendo esta violación al principio 

de inmediatez y reafirmándose en su descargo inicial. A lo que la 

Demandada simplemente le envió la carta de despido. 

 

33. Pasando a la fundamentación jurídica que tuvo la demanda. Plantearía 

violaciones tanto a la constitución política del Perú, así como también a 

mandatos recogidos en la ley. 

 

34.  Con respecto al primer grupo, argumentaría violaciones al derecho 

fundamental del trabajo, a la dignidad del trabajador y a los beneficios 

sociales de este producto de la relación laboral. Tales violaciones 

contraviniendo lo dispuesto en los artículos 22°,23°,24°,25°,26° y 27° de 

la Constitución Política del Perú. 

 

35. Con respecto al segundo grupo, basaría sus pretensiones en las violaciones 

a los artículos 22°,31°,36° y 38° del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral). En 

ellas señala que se atentó contra los mandatos de causas justas de despido, 

formalidades del despido, el plazo para accionar contra el despido y la 

indemnización frente al despido indebido respectivamente. 

 

36. Y, como último apartado, adjuntaría los medios probatorios respectivos 

de sus afirmaciones; tales como, contratos de servicios con las distintas 

empresas, copias de las cartas notariales, copia de los vouchers de pagos 

y declaraciones juradas. Entre estos es necesario resaltar que solicitaría al 

juez que exija a la Demandada la exhibición del Manual de Funciones del 

Jefe de Agencia. 



15  

iii. Contestación a la Demanda laboral 

 

 

37. Previo a la contestación propiamente de la Demanda, hubo una defensa de 

forma planteada por la Demandada. Le pidió al juez que declare fundada 

la excepción y de por concluido el proceso laboral puesto que el 

Demandante no tenía legitimidad para obrar. Esta excepción iba 

relacionada con el tiempo de servicio acumulado. Que, si bien el 

Demandante podría pensar que son veintisiete años y tres meses, 

únicamente el tiempo efectivo laborado producto de la relación de derecho 

sustancial con la Demandada sería de un año, once meses y veintidós días. 

 

38. Propiamente la Contestación tendría como petitorio declarar infundada la 

demanda. Y en esta, la Demandada negaría todo lo expuesto por el 

Demandante. 

 

39. En relación con la cuantía del pedido, además de la excepción planteada, 

reiteraría que no correspondería tal suma, sino que en el hipotético caso 

que sea declarado un despido arbitrario únicamente debería ser por el 

lapso del primero de junio del dos mil uno (01/06/2001) hasta el veintidós 

de mayo del dos mil tres. 

 

40. Los argumentos principales de la contestación irían en torno a negar todo 

lo propuesto por el demandante. En primer lugar, la Demandada afirmaría 

que el Demandante estaría tergiversando la cláusula de reconocimiento 

del tiempo de servicios. Puesto que el pacto solo establecía un supuesto, 

mas no estaría generando vínculo alguno entre dos empresas distintas. Y 

que, si se aceptara la tesis del Demandante, se estaría vinculando a dos 

empresas de derechos laborales distintos sin demostrar nexo económico 

existente y eficaz. 

 

41. Sobre la causal de despido y las imputaciones hechas contra el 

Demandante. La Demandada se pronunció sobre las tres imputaciones: 

primero, sobre la falta grave que devino en el robo de un tercero de los 

dos mil soles, la Demandada expuso las investigaciones realizadas, donde 



16  

detalla que hizo interrogatorios a los dos trabajadores envueltos en el 

incidente. Tanto al Demandante como al Cajero Supervisor. Es en la 

entrevista del seis de diciembre (06/12/2002) donde el mismo 

Demandante reconoce que él autorizó la salida del Cajero Supervisor 

contraviniendo directivas expresas de realizar operaciones de canje dentro 

del Centro de trabajo o en casas de cambio debidamente acreditadas. 

 

42. Además, que al ostentar el Demandante un cargo de confianza, se le exigía 

plenamente preservar una actitud diligente en el cumplimiento de sus 

funciones, supervisando la correcta distribución y devolución de los 

montos correspondientes al fondo de sencillo. Labor que omitió y acaeció 

la imputación correspondiente. 

 

43. Asimismo, sostuvo que el Demandante reconoció que no acudió a las 

autoridades competentes para denunciar la apropiación ilícita del dinero 

de canje, contraviniendo otra directiva específica sobre los 

procedimientos internos. Demostrando estos hechos que el Demandante 

sí cometió omisión y falta grave a sus obligaciones como Jefe de Agencia. 

 

44. Con respecto a la segunda imputación, el dinero faltante del fondo de 

sencillo equivalente a diez mil soles, la Demandada argumentó que le 

solicitó al Demandante que rindiera explicación sobre dicho dinero 

faltante pero nunca pudo brindar una al Gerente General. Además, señala 

que se tuvo que hacer arqueos de caja con fecha diciembre del dos mil 

dos. Y, producto de esa investigación, se descubrió que el faltante era por 

las notas de abono del 13 y 18 de noviembre del dos mil dos, notas 

emitidas durante la gestión del Demandante. 

 

45. Y, por último, con respecto a imputación de omitir informar acerca de los 

eventos, es en las entrevistas que se hicieron tanto al Demandante como 

al Cajero Supervisor, donde estos mismos reconocen que no informaron 

por miedo de las repercusiones, lo cual confirmaría dicha omisión. 



17  

46. Asimismo, la Demandada se pronunciaría sobre el procedimiento de 

despido. Que, una vez se tuvo los informes de Gerencia de Inspección 

debidamente firmados por el Demandante se procedió a imputarle los 

cargos vía notarial. Siendo así, que dicha carta notarial respetó las 

formalidades establecidas por el artículo 31° de la Ley de Productividad y 

Competitividad laboral. Se le señaló los hechos específicos que 

constituían la falta grave y se le otorgó el plazo de seis días para su 

descargo. 

 

47. Que, frente a la imputación de cargos, el Demandante no se expresó sobre 

las imputaciones. Solamente las negó y adujo una supuesta violación a su 

derecho de defensa. Al respecto, la Demandada sostuvo que el 

Demandante tenía pleno conocimiento de todas las actuaciones y 

manifestó conformidad con todo lo actuado con su firma misma. Y que, a 

criterio de la Demandada, resultó absurdo sostener desconocimiento, es 

por ello que tales alegaciones quedaban desvirtuadas con las entrevistas 

donde el Demandante manifestó su clara declaración de los hechos 

producto de la investigación. 

 

48. Que, producto de una Hoja de Gestión de fecha siete de mayo del dos mil 

tres (07/05/2003) de parte de la Gerencia de Inspección, se determinó con 

exactitud el monto faltante y las causas de este. Es así, como se consideró 

necesario remitirle dicha comunicación para que hiciera su descargo el 

Demandante sobre este último hecho. 

 

49. Que, con respecto al tiempo demorado, este se debió a las conciliaciones 

de notas de abono, disposiciones y depósitos en efectivo a lo largo del dos 

mil dos. Así también durante la investigación, se tuvo que contar de la 

participación de Gerencia de Inspección y la Gerencia Central de Control 

Interno y todo esto se dio en el marco de un proceso administrativo interno 

complejo. Por lo que, a criterio de la Demandada y reforzándose en 

criterios de la doctrina, toda esta actuación en ningún caso pudo haber 

tomado como una violación al principio de inmediatez. 



18  

50. Es así, que, frente al nuevo descargo del Demandante de reafirmarse en la 

violación a su derecho de defensa, de no pronunciarse sobre las 

imputaciones y de encima aducir que el despido en todo supuesto 

devendría en extemporáneo, se cursó la carta de despido correspondiente. 

 

51. La Demandada, al respecto de la supuesta violación al principio de 

inmediatez que sostuvo el Demandante en la segunda contestación notarial 

y que precluyó la imputación de despido, sostuvo que “dicho principio 

debía ser entendido de forma flexible y razonable atendiendo a la 

complejidad de la falta grave y a la propia organización burocrática y 

administrativa”. Que, a su criterio, se necesitó de un análisis profundo 

que no era posible en el lapso de seis días naturales y debía aplicarse un 

criterio plenamente jurisprudencial que desarrollaba cómo entender el 

principio de inmediatez. 

 

52. Por último, se pronunció respecto a los medios probatorios. Primero, sobre 

la solicitud del Demandante de requerir a la Demandada mostrase el 

Manual de Funciones del cargo del Demandante, señaló que este era un 

pedido de mala fe puesto que se sabía que no existía dicho manual, por lo 

que se plantearía oposición. Y segundo, sobre la declaración jurada 

expuesta por el Demandante donde el Cajero Supervisor contradice su 

versión inicial de los hechos, la Demandada plantearía tacha puesto que 

ya habría una versión que servía de base probatoria. 

 

iv. Sentencia de Primera Instancia 

 

 

53. Previo a la resolución propiamente, el veintidós de septiembre del dos mil 

tres (22/09/2003), lo que se resolvió fueron tanto la excepción de 

legitimidad para obrar, la tacha a la divulgación del Manual de funciones 

y la oposición a la declaración jurada vía notarial por parte del Cajero 

Supervisor. 

 

54. Con respecto a la primera, el magistrado, en la audiencia única que se dio, 

dispuso declararla infundada. Puesto que, al no plantearse excepción 



19  

contra la legitimidad que cuestione el vínculo laboral sino únicamente 

limitar la pretensión del Demandante, este último tendría derecho que el 

órgano jurisdiccional se pronuncie para dilucidar toda la incertidumbre. Y 

sería el magistrado quien evaluaría todos los hechos y se pronunciaría de 

la totalidad de la controversia. 

 

55. Con respecto a la tacha, en la misma audiencia donde se actuó los medios 

probatorios, el magistrado en un primer momento se reservó su 

pronunciamiento puesto que necesitó de evaluar la veracidad de la 

declaración formulada por el Cajero Supervisor. 

 

56. Por último, con respecto a la oposición, el especialista en esa actuación, al 

aducir la Demandada que el Manual de funciones no existía, declaró 

fundada la oposición. 

 

57. Sería el diecinueve de marzo del dos mil cuatro, cuando se emitiría ya la 

sentencia N° 041-2004, que declararía infundada la demanda laboral. El 

juez especializado para emitir su fallo se basaría en ocho “considerandos”. 

El primero sería con relación a la tacha interpuesta contra la declaración 

jurada vía notarial realizada por el Cajero Supervisor donde exculparía al 

Demandante, en este primer acápite declararía “improcedente” la tacha 

por parte de la Demandada puesto que no cuestionaba la validez, falsedad, 

nulidad o inexistencia del medio probatorio como dictamina el artículo 

42° de la Ley Procesal del trabajo2. 

 

 

 

 

2 La entonces vigente Ley Procesal del Trabajo en su artículo 42° sostenía lo siguiente: Se 

puede interponer tacha contra los testigos y documentos. La oportunidad para formular la 

tacha o absolverla se rige por lo dispuesto en la presente Ley, debiendo indicarse con claridad 

los fundamentos que la sustentan, ofreciéndose o acompañándose la prueba respectiva, según 

el caso. El Juez deberá correr traslado a la otra parte para que absuelva. La absolución debe 

cumplir con los mismos requisitos de la formulación de la tacha. La tacha o absolución que 

no cumpla con todos estos requisitos deberá ser declarada inadmisible de plano por el Juez 

en decisión inimpugnable. La actuación de los medios probatorios de la tacha o de la 

absolución se realizará en la audiencia única, en la que el Juez podrá declarar fundada o no la 

tacha, salvo decisión debidamente motivada e inimpugnable. 



20  

58. En el segundo considerando, el magistrado en atención al artículo 27° de 

la Ley Procesal del Trabajo3, desarrollaría dicha norma y expondría que 

correspondía a cada parte probar sus afirmaciones. Siendo para el 

Demandante la carga de la prueba con respecto a la existencia del vínculo 

laboral, la existencia del despido, la nulidad del despido y la hostilidad 

de la que fuera objeto. Y, para la Demandada, probar el cumplimiento 

de las obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios 

colectivos, la costumbre, el reglamento interno, el contrato individual y la 

causa del despido. 

 

59. En el tercer considerando, se establecería que para este juicio no se 

pondría en duda la relación laboral entre la Demandada y el Demandante. 

Prueba de ello serían las boletas de pago que vino realizando la 

Demandada, así como el contrato de trabajo firmado por las partes. Y que 

el motivo del proceso era determinar si se configuraba despido arbitrario 

y si correspondía el pago de la indemnización. 

 

60. En el cuarto considerando, el magistrado detallaría el artículo 37° del 

Decreto Supremo N ° 003-97-TR, el cual establecería que ni el despido ni 

el motivo alegado son hechos que se deducen o presumen, quien los alega 

debe demostrarlos. Y adicionaría que fue el Demandante quien invocó que 

fue despedido por una supuesta falta de supervisión al movimiento del 

fondo de sencillo de la Agencia de Los Olivos, así como también de no 

informar a la empresa sobre las irregularidades acaecidas. 

 

61. En el quinto considerando, el juez establecería que la declaración jurada 

vía notarial del Cajero Supervisor no sería válida. Puesto que dicha 

 

 

3 Ley procesal de trabajo artículo 27°.- Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y 

esencialmente: 

1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral. 

2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las 

normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato 

individual del trabajo. 

3. Al empleador la causa del despido; al trabajador probar la existencia del despido, su nulidad 

cuando la invoque y la hostilidad de que fuera objeto. 



21  

manifestación se desvirtuaba con la declaración que esta misma persona 

había dado previamente producto de las investigaciones de la Demandada. 

Y que, en un momento inicial, el testimonio brindado dilucidaba una 

actitud de cercanía entre el Demandante y la persona que posteriormente 

robaría el dinero. Hecho muy importante para la imputación de cargos. 

 

62. En el Sexto considerando, el cual sería el más importante de la sentencia, 

el juez continuaría el desarrollo del punto anterior y manifestaría su 

interpretación de los hechos. Para el órgano jurisdiccional, la declaración 

notarial donde el Cajero Supervisor deslindaba al Demandante de 

responsabilidad iría no solo contra su primera declaración, sino también 

contra las declaraciones que el Demandante haría en las investigaciones 

internas de la empresa. En estas el Demandante informaría que no habrían 

reportado las irregularidades por miedo a las repercusiones y se note su 

negligencia. Afirmación que iría en contra de las posturas que tomaría el 

Cajero Supervisor vía notarial. 

 

63. A evaluación del magistrado las investigaciones de la Demandada serían 

determinantes para dilucidar la controversia puesto que estas advertirían 

lo siguiente: “el Demandante si bien no era el encargado de manejo y 

control directo del fondo de sencillo también lo era en calidad de jefe de 

Agencia. Puesto que impartía declaraciones y autorizaba al personal 

adscrito a su dependencia. Uno de los cuales era el Señor Anthony Mejía 

(…) Que, fue el Demandante quien autorizó al Señor Lázaro para que 

vaya con la señora y le avisara si había muchas monedas. Y fue el mismo 

actor quien le autorizó la salida de S/ 2,000.00 soles”. Sería entonces el 

análisis del juez que tales hechos evidencian por sí mismos un acto de 

irresponsabilidad que excede a las facultades de Jefe de Agencia y genera 

una trasgresión a sus obligaciones laborales, deviniendo en la causal de 

falta grave. 

 

64. En el considerando séptimo, el magistrado se pronunciaría sobre la 

violación alegada al principio de inmediatez. Que, para su criterio, no sería 

posible ni la aplicación ni la interpretación que habría hecho el 



22  

Demandante. Puesto que, para el caso, no sería aplicable el principio de 

inmediatez y con respecto al envío de la segunda carta notarial esta fue 

producto del primer descargo del Demandante, donde este solicitó mayor 

detalle de las imputaciones. Y fue producto de este pedido que la 

Demandada requirió de un traslado y una nueva evaluación de los hechos 

a fin de dar cuenta a la reclamación. 

 

65. Por último, en el octavo considerando, el juez dictaminó que producto de 

la valoración de todos los medios probatorios y del análisis expuesto era 

consecuente declarar infundada la Demanda. 

 

v. Recurso de Apelación a la Sentencia de Primera Instancia 

 

 

66. Frente a la sentencia que declararía infundado el pedido del Demandante, 

este plantearía recurso de Apelación contra dicho pronunciamiento. 

Donde solicitaría al juez superior que revoque la sentencia expedida por 

primera instancia y consecuentemente declare fundada la demanda 

laboral. 

 

67. La apelación se basaría principalmente en la exposición de tres errores de 

hecho y tres errores de derecho por parte del Magistrado especializado de 

primera instancia. 

 

68. Con respecto a los errores de hecho, el demandante en primer lugar 

sostendría que la sentencia tuvo las mismas omisiones que la carta de 

despido de la Demandada. El magistrado se pronunció de un hecho del 

cual no tuvo los detalles exactos y por consecuencia este tampoco pudo 

brindarlos. Al no contener tal precisión, el pronunciamiento sería injusto 

e inconforme a la ley. Puesto que, a criterio del Demandante, la ley exige 

como requisito elemental que el empleador tenga que precisar los detalles 

de la falta. Y que, de la sentencia emitida, no se sabe con exactitud si los 

sucesos acontecieron en octubre, noviembre o diciembre del dos mil dos 

ya que el magistrado se refiere indistintamente a este período. 



23  

69. El segundo error que señala la apelación es sobre la valoración de la 

declaración jurada vía notarial realizada por el Cajero Supervisor el Señor 

Anthony Mejía. El demandante argumentaría que, pese a que el juez 

declararía improcedente la tacha de la Demandada, este no le daría ningún 

valor probatorio. El juez de manera arbitraria ponderaría la declaración 

brindada por el Cajero Supervisor en el marco del Interrogatorio propuesto 

por la Demandada. Y no sopesaría que la declaración jurada posterior sería 

brindada de forma libre y voluntaria sin ningún tipo de vicio que podría 

ser la intimidación por parte del empleador. 

 

70. Y, el último error de hecho que se manifiesta en la sentencia apelada va 

con relación a valoración de los actuados. El magistrado desconoció por 

completo la voluntad del Demandante de querer resarcir su error, 

reponiendo este el dinero y evitando cualquier perjuicio a la Demandada. 

Asimismo, el juez en su análisis simplemente se limita a ponderar la 

primera declaración del Cajero Supervisor donde incluso pudo haber 

mentiras o detalles no comprobados como lo fue la actuación de la persona 

que se robó el dinero. Y por último en relación con este error, el 

demandante afirmaría que el juez desconoció que la omisión de informar 

sobre las irregularidades pudo deberse a que no hubo ningún daño que 

informar. 

 

71. Pasando a los errores de Derecho que señaló el Demandante, este 

sostendría que la sentencia no sería conforme al artículo 25 del Decreto 

Supremo N° 003-97-TR al haberse sustentado únicamente en la omisión 

de un deber genérico que sería entendido como incumplimiento 

injustificado de las obligaciones laborales. Siendo que dicho precepto 

exige un incumplimiento injustificado de una obligación específica y 

concreta al cargo. Que, el juez interpreta que el jefe de agencia es 

responsable por las omisiones del personal a su cargo y no sostiene que 

cada trabajador es único responsable por la asignación directa que pudiera 

tener, como la ley y la doctrina deja entrever. 



24  

72. El demandante siguió enfatizando su argumento, sosteniendo que la 

resolución misma reconoció expresamente que el Demandante no era el 

encargado del manejo y control del fondo de sencillo, puesto que lo era el 

Cajero Supervisor. Y pese a ello, le atribuye una responsabilidad indirecta 

por los eventos acaecidos. Se desconoce además que el Cajero Supervisor 

también tenía un compromiso y responsabilidades que cumplir, pero pese 

a ello se le alcanza todas y cada una de las omisiones, hechas por dicha 

persona, hacia su jefe (el Demandante). 

 

73. Con respecto al segundo error de derecho expuesto en la apelación, este 

va relacionado con la ponderación de la reposición del dinero robado. Que, 

el magistrado infirió que solo por reponer el dinero, el trabajador era 

responsable por los daños ocurridos. Que, a criterio del demandante, la 

falta debió seguir una investigación y encontrar al verdadero culpable 

fáctico. Asimismo, adicionó el demandante que es usual que los 

contadores suelan sufrir robos y pérdidas de dinero, y no por ser ellos 

quienes perdieron el dinero automáticamente van a ser los culpables. 

 

74. El último error de derecho señalado fue que el juez interpretó mal y 

consecuentemente aplicó erróneamente el principio de inmediatez. Que 

este no se limita a la etapa de investigación, sino también que es pertinente 

para la aplicación de sanciones. Que, el juez únicamente valoró que el 

principio era pertinente para el momento de la investigación de la falta, 

pero que no era necesario para los plazos de envío de las cartas notariales 

de pre-despido. 

 

75. Adicionalmente, como un medio probatorio preponderante y muy 

relevante, previo a la sentencia de la Corte Superior el demandante 

solicitaría que se incorpore al proceso el Manual de Funciones de Cajero 

Supervisor. En la demanda planteada se solicitó que se requiera a la 

Demandada a presentar el Manual de Funciones de Jefe de Agencia, pero 

al aducir esta que no existía dicho manual, simplemente se omitió dicho 

medio probatorio. Pero siendo pertinente para la discusión saber de quién 

era la responsabilidad y por ende quién omitió sus obligaciones laborales 



25  

se consideró pertinente aceptar el Manual de Cajero Supervisor como 

medio probatorio extemporáneo. 

 

vi. Resolución de Segunda Instancia 

 

76. Luego de la audiencia correspondiente y demás actuaciones procesales 

necesarias, sería el veintitrés de agosto del dos mil cuatro (23/08/2004) 

cuando se emitiría la sentencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 

sería pues donde la sala laboral revocaría y reformaría la sentencia de 

primera instancia, declarando fundada la demanda interpuesta. Este 

pronunciamiento se sustentaría en siete considerandos. 

 

77. El primer considerando simplemente informaría acerca de los hechos 

actuados en sede procesal, propiamente la declaración de primera 

instancia para estimar infundada la demanda. 

 

78. El segundo considerando, también sería para reafirmar lo actuado y 

estimado por el juez especializado. Donde este declararía improcedente la 

excepción de falta de legitimidad para obrar propuesta por la Demandada. 

 

79. El tercer considerando sí sería propiamente uno de los acápites donde el 

magistrado superior aplicaría su criterio con respecto a lo valorado. Se 

pronunciaría acerca de cómo debía entenderse la imputación de cargos 

para hacer uso de la rescisión laboral por parte del empleador y de qué 

criterios debía guardar. Sería el empleador quientendría la carga de la 

prueba y debería acreditar de forma objetiva tanto la gravedad de la 

falta como el perjuicio que ella hubiera causado. Revistiendo la 

imputación de proporcionalidad y razonabilidad con la intención, dolo, 

reiterancia del trabajador. 

 

80. Con respecto al cuarto considerando, en este el magistrado analizaría los 

hechos del caso. Haría un recuento de la falta sancionada, así de cómo se 

dio el procedimiento de despido del trabajador. 



26  

81. En el quinto considerando sería donde el juez haría su interpretación de 

los hechos. Que, sería para su criterio, un caso donde no hubo una justa 

graduación en la relación de causalidad. El juez dijo lo siguiente: “Se 

colige de lo acontecido que la actitud de ésta no reviste la gravedad que 

se le pretende atribuir como para que haga irrazonable la subsistencia de 

la relación laboral, resultando excesiva y no constituyendo una causa 

justa de despido”. 

 

82. El sexto considerando sería para continuar con el desarrollo de lo 

mencionado en el acápite anterior. Para el magistrado la actitud de la 

Demandada fue excesiva, así como también habría omitido hacer uso del 

principio de razonabilidad. Que, la sanción no tuvo en cuenta los 

antecedentes del trabajador (su trayectoria) ni su actitud de querer resarcir 

el daño. Que, para el colegiado en este caso no correspondía la aplicación 

de un despido sino en todo caso de una sanción gradual. 

 

83. En el último considerando, el magistrado detallaría su pronunciamiento y 

conclusión de su análisis. Este establecería que el despido sería arbitrario 

puesto que no se podría demostrar causa justa y consecuencia de ello, se 

tendría que aplicar la cláusula del contrato de trabajo donde se reconocería 

la acumulación de tiempo de servicios con la empresa previa. Y por todo 

lo expuesto, el pago de la indemnización máxima que otorga la ley (doce 

remuneraciones). 

 

vii. Recurso de Casación contra la Sentencia de Segunda Instancia 

 

 

84. Inmediatamente después de emitida la sentencia de segunda instancia, la 

Demandada plantearía recurso de Casación contra dicho pronunciamiento. 

Puesto que al amparado del artículo 54° de la entonces vigente ley N° 

26636 Ley Procesal del Trabajo, era factible dicho recurso para que la 

Corte Suprema se pronuncie sobre discrepancias de interpretación de las 

normas materiales laborales. 



27  

85.  El recurso de casación tendría como principal pretensión que se case la 

resolución de segunda instancia y que por consecuente se declare 

infundada la demanda laboral interpuesta en concordancia con el primer 

pronunciamiento emitido por el juez especializado de primera instancia. 

 

86. Como causal de procedencia del recurso de casación, se tendría la correcta 

interpretación del artículo 25° inciso “a” del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad y Competitividad 

laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°003-97-TR. 

 

87. La demandada sostendría que el pronunciamiento de la sala laboral habría 

interpretado mal dicho norma jurídica, así como también se habrá apartado 

de los procedentes jurisprudenciales que enmarcan este tipo de 

controversia. 

 

88. Con respecto al primer punto, la Demandada indicaría que la sala laboral 

habría incorporado criterios subjetivos inexistentes a la norma, tales 

como: (la falta debe contener) “gravedad y perjuicio que ella le haya 

causado al empleador” y (la falta) “debe guardar proporcionalidad con 

la intención, dolo, reiterancia del trabajador o situaciones de riesgo o de 

falta de control provocadas por la propia empresa”. 

 

89. La sala laboral estaría suponiendo el cumplimiento de requisitos legales 

adicionales y que no son señalados taxativamente en la norma invocada. 

Situación que supondría una afectación a la Demandada puesto que se 

estaría apartando de lo que la ley establece como esencial para que se 

configure el despido únicamente. Siendo esto, a criterio de la Demandada, 

contrario al espíritu de la norma puesto que no solo le incorporaría nuevos 

elementos, sino que aplicaría un criterio de graduación. 

 

90. Lo que para la Demandada debería ser la correcta interpretación, es 

simplemente que se analice si se configuró o no la falta. Lejos del criterio 

del juez de si hay que aplicar una sanción gradual, es potestad del 



28  

empleador discrecionalmente sancionar las faltas como él lo merite 

correspondientes y respetando los márgenes que la ley le otorga. 

 

91. Por otro lado, el recurso de casación basa su pedido en que dicha 

interpretación errónea iría también contra el criterio jurisprudencial. Citó 

entre sus ejemplos la Casación N° 737-99 en la cual la Corte Suprema 

señaló: “la norma (artículo 25° del D.S. 003-97-TR) no hace distinción de 

falta grave y menos grave, y no se precisa ningún tipo de 

proporcionalidad de la sanción, constituyendo el despido por falta grave 

una facultad del empleador”. 

 

92. Para otro ejemplo del criterio de la Corte Suprema, la Demandada citaría 

la casación N° 1230-97, en la cual este organismo aplicaría el único 

criterio de verificar el incumplimiento de una de las obligaciones 

específicas para que se configurara el supuesto de omisión de obligaciones 

y el empleador tenga la potestad de sancionar. 

 

93. Asimismo, la Demandada a lo largo del recurso citaría reiterados 

pronunciamientos que reforzarían las dos casaciones citadas previamente. 

Con ello, intentaría demostrar la correcta aplicación del inciso “a del 

artículo 25° del D.S. 003-97-TR. La cual sería contraria a la inclusión de 

los elementos como “gravedad y perjuicio” o “gradualidad” o 

“proporcionalidad” de la sanción. 

 

viii. Sentencia de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria Corte Suprema de Justicia de la República 

 

94. El catorce de noviembre del dos mil cinco (14/11/2005), se emitiría el 

pronunciamiento de la Corte Suprema con respecto al recurso de 

Casación. En dicha sentencia, a través de nueve considerandos se 

declararía fundado el recurso. Y consecuentemente casarían la sentencia 

de la Sala laboral. Además, actuando en sede de instancia, confirmaría la 

sentencia apelada de primera instancia. 



29  

95. En relación con los considerandos, en el primero se pronunciaría acerca 

de los requisitos de procedencia del recurso de casación. Siendo este 

procedente por cumplir con las formalidades previstas por el entonces 

vigente artículo 57° de la Ley Procesal del Trabajo. 

 

96. Con respecto al segundo considerando, en este resumiría la denuncia 

alegada por la Demandada en su recurso de casación. La interpretación 

errónea de la norma jurídica por incorporación de criterios subjetivos no 

previstos. 

 

97. En el tercer considerando, en este siguiente acápite haría mención a los 

distintos pronunciamientos que la Demandada citaría así como indicando 

que existe similitud entre los pronunciamientos invocados y que la 

aplicación del criterio de la sala laboral sería contradictorio. En ese 

extremo sería declarado procedente el recurso. 

 

98. En el cuarto considerando, el órgano jurisdiccional haría mención a la 

norma materia de controversia. El artículo 25° inciso “a” del D.S. 003-97- 

TR. El cual establecía: “falta grave es la infracción por el trabajador de 

los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que haga 

irrazonable la subsistencia de la relación. Son faltas graves: a) El 

incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el 

quebrantamiento de la buena fe laboral”. 

 

99. En el quinto considerando, la Corte Suprema desarrollaría la norma 

jurídica interpretando lo siguiente: “Es obligación del trabajador poner a 

disposición del empleador sus servicios directos y concretos (…) el 

incumplimiento de esta obligación puede justificar el despido del 

trabajador, aunque no se haya configurado un daño susceptible de 

apreciación pecuniaria en contra del empleador”. 

 

100. En el sexto considerando, se establecería la ponderación de los hechos. 

La cual sería que el Demandante tenía el cargo de Jefe de Agencia y su 

función era supervisar la correcta distribución y devolución del fondo de 



30  

sencillo, y fue este quien autorizó al Cajero Supervisor a retirar dos mil 

soles. 

 

101. En el séptimo considerando, el juez supremo interpretaría que la acción 

descrita en el considerando anterior supondría una actitud negligente que 

adquirió mayor gravedad debido al cargo del Demandante. Y que, la falta 

cometida no debería suponer ningún criterio de gravedad o perjuicio, 

puesto que la norma no establece dichos requisitos. Lo que supondría que 

la sala calificó erróneamente el caso. 

 

102. En el octavo considerando, la Corte Suprema afirmó que el criterio de la 

Sala Laboral incurría en contradicción contra los pronunciamientos 

citados por la Demandada en su recurso de casación, porque lo resultaba 

necesario amparar dicha causal. 

 

103. Y en el último considerando, se concluiría que producto de todo lo 

expuesto y del análisis realizado era consecuente amparara el recurso en 

los términos que la ley señalaba. 

 

 

IV. Comentarios al Proceso Judicial laboral 

 

 

i. Sobre la Demanda, Contestación y Resolución de Primera Instancia 

 

 

104. En primer lugar, sobre la Demanda laboral interpuesta por el trabajador. 

Para fines del presente trabajo se brindan siete comentarios, los cuales van 

en relación con falencias, omisiones o errores que se pudieron evidenciar 

en la Demanda. 

 

105. El primer comentario va referido con respecto a las afirmaciones 

expuestas en la Demanda. El Demandante hace reiteradas aseveraciones 

que si bien tienen el impacto que pretenden lograr (el juez las tome en 

consideración), no tienen mucho sustento fáctico o probatorio. Por 

ejemplo, se evidencian dos afirmaciones muy graves, pero sin sustento. 



31  

Por una parte, el Demandante argumenta que la Demandada es filial y 

parte del grupo económico de la empresa donde laboró previamente. Pero 

no adjunta ningún medio probatorio que pueda acreditar dicho vínculo 

económico. Por muy obvio que pueda parecer el nombre de “Telefónica”, 

siempre cualquier afirmación debe tener sustento probatorio. 

 

106. Por otro lado, en el recuento de sus antecedentes el Demandante hace 

clara afirmación de un acto de intimidación que sufrió para que se 

produzca su trasvase. Él sostiene prácticamente que la empresa en la que 

laboró antes compulsivamente lo obligó a firmar para la Demandada bajo 

sanción de despido. Dicho acto es un claro ejemplo de intimidación, si es 

que no es consentido por parte del trabajador. Y si estuviéramos en este 

último supuesto, como parece ser por los medios probatorios expuestos 

(carta de renuncia) la afirmación devendría en mala fe para perjudicar la 

reputación de la Demandada y la empresa previa. 

 

107. Justamente esto nos lleva al segundo comentario, muchas afirmaciones 

en la demanda fueron hechas de mala fe. Pese a que el trabajador sabía 

cuáles eran las condiciones de su contrato de trabajo igual aducía 

supuestas violaciones. Por citar un ejemplo, para el cálculo de su 

remuneración básica, ambas partes habían pactado que sería a costo total 

de setenta y cinco mil soles por un año dividida en doce partes, monto que 

incluía todas las obligaciones exigidas por ley tales como gratificaciones, 

asignación familiar o movilidad. Pero pese a saber que esa era la situación, 

el Demandante señala que a él no se le reconocían tales derechos. Eso 

indudablemente restaba credibilidad a los argumentos del demandante. 

 

108. El tercer comentario es propiamente sobre los argumentos de hecho de 

la demanda, es bastante alarmante que el mismo trabajador no se 

pronuncie sobre la totalidad de las imputaciones que fueron motivo de su 

despido. Si bien es cierto que menciona las tres imputaciones, solo se 

defiende de dos de estas. Él en sus descargos omite estratégicamente 

pronunciarse de la falta grave de “no haber informado sobre las 

irregularidades”. En ese aspecto, que el trabajador no pueda defenderse 



32  

acerca de una imputación podría dejar abierta la puerta a que el empleador 

asuma que tal falta es reconocida y por ende se aplique la sanción 

correspondiente. 

 

109. El cuarto comentario va con puntualidad sobre las defensas del 

Demandante. Las cuales terminan por ser muy subjetivas y no categóricas. 

Resaltar su trayectoria profesional no es prueba de que no haya cometido 

las faltas imputadas. Se hizo mucho énfasis en sus actos unilaterales tales 

como devolver el dinero robado, pero no se puntualiza sobre la 

repercusión objetiva que esto implicaba. Es decir, si el empleador llega a 

tomar conocimiento que uno de sus trabajadores ha repuesto dinero 

robado, este cuanto menos tiene que emitir algún tipo de comunicación. 

Donde o sanciona tal hecho con la presunta aceptación de culpabilidad del 

trabajador que decide reponer dinero robado o exculpa la falta con la 

buena fe que pueda llegar a tener el trabajador por la reposición. En ese 

sentido, el Demandante no les da una base objetiva a sus actuaciones y 

termina por ser muy subjetivo en sus afirmaciones que sostienen su 

pretensión. 

 

110. En el quinto comentario, se encuentran los principios tanto de 

inmediatez, razonabilidad y proporcionalidad; el Demandante tenía 

mucha base para elaborar una buena defensa sólida, pero termina por ser 

muy genérico y poco incisivo al respecto. 

 

111. Con el principio de inmediatez, estaba abierto el debate de si hubo 

violación o no. El demandante señaló que habría violación, pero lo limitó 

únicamente al aspecto procesal de los plazos precluidos de las cartas 

notariales de despido; cuando el principio de inmediatez debió estar 

presente durante todos los actuados. Dicho de otro modo, el Demandante 

debió señalar que hubo violación al principio de inmediatez con relación 

a la demora de imputación de cargos, que también hubo violación en 

relación con el procedimiento de despido (los plazos que sí señala) así 

como la existencia de violación o aplicación de este principio al 

concederle vacaciones por un mes y no pronunciarse al respecto. Se pudo 



33  

haber presentado diferentes supuestos de trasgresión a estas normas 

generales del derecho laboral que hubieran hecho la demanda más sólida. 

 

112. Con respecto a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, el 

Demandante los menciona, pero no les da el debido mérito. A criterio de 

este trabajo, el principio de razonabilidad es de vital importancia en los 

supuestos de casos fortuitos donde es imperativo motivar las sanciones 

disciplinarias. El mismo Demandante se defiende en que las 

irregularidades fueron producto de un evento excepcional, pero no 

desarrolla el principio de razonabilidad. Y con respecto al principio de 

proporcionalidad, sus actuaciones de reponer el dinero supuestamente 

robado debieron tener mucha pertinencia en relación con este principio. 

Por lo menos, la sala laboral le daría esa valoración, por lo que pareciera 

que el juez tendría más preocupación por amparar el pedido que el propio 

demandante. 

 

113. En relación con el sexto comentario, el Demandante no enfatizó las 

violaciones a su derecho de Defensa. Al margen de si se cometió o no la 

falta, es de vital importancia que en el marco de las investigaciones y del 

proceso interno de despido se le brinde a la parte afectada todos los 

detalles correspondientes. El mismo demandante lo sostuvo en sus 

descargos a las cartas notariales, pero durante el proceso judicial no hubo 

mucho enfoque a esta limitación a un derecho constitucionalmente 

reconocido. 

 

114. Como último comentario a la demanda, de lo expuesto por el 

Demandante y analizado desde un punto de vista neutral, pareciera que 

quiso deslindarse de eventos de los cuales sí fue partícipe. Aducir en su 

defensa, que el Cajero Supervisor era el único responsable, no pareció la 

mejor defensa. O si iba a sostener eso, su propia declaración en la 

entrevista en la empresa no le hizo ningún favor. Puesto que él mismo 

describió sus funciones en la empresa y dio pie a que la Demandada le 

imputara las faltas. 



34  

115. Pasando ahora a la Contestación, motivo de esta, el presente trabajo 

hace nueve comentarios que nuevamente van relacionados en torno a 

puntos débiles en la defensa legal, así como a omisiones que se hicieron 

en los descargos de la Demandada. 

 

116. El primer comentario va relacionado a la excepción de legitimidad para 

obrar planteada por la Demandada. Si ella misma era consciente que fue 

voluntad de las partes establecer una cláusula donde se aceptaba la 

posibilidad de reconocer el tiempo de servicios con la empresa previa si 

se daba el supuesto de un despido arbitrario, para qué solicitar al juez que 

no se pronuncie de este período. Esto es posiblemente un acto de mala fe 

procesal, puesto que se usan los recursos legales para intentar desacreditar 

la pretensión principal de la demanda, mas no para intentar ayudar al juez 

a que encuentre la solución al problema principal. 

 

117. El segundo comentario es acerca de las imputaciones formuladas por la 

Demandada. Producto de que la imputación no revistió las formalidades y 

precisiones correspondientes, es que se dio a lugar que el Demandante 

tuviera más argumentos de defensa para reforzar su demanda. Si en un 

momento, se hubiera hecho de forma diligente la carta de despido, en la 

contestación de la demanda se hubiera podido ser categórico para 

desacreditar las acusaciones hechas por el Demandante. Al menos con 

respecto a las violaciones de su derecho de Defensa y al principio de 

Inmediatez. 

 

118. Con respecto al tercer comentario, es a entender del presente trabajo que 

una de las tres faltas graves imputadas al Demandante, no estuvo del todo 

bien planteada. Dicho de otra forma, a lo largo del proceso se habla de que 

una de las tres faltas fue dar la autorización para que el Cajero Supervisor 

retire dos mil soles del fondo de sencillo. Y que producto de esa orden, se 

perdió el dinero. Sin embargo, esa acción en sí misma no es una falta. 

Puesto que sí está dentro de sus competencias del jefe de Agencia brindar 

órdenes para que se realice el cambio de billete por monedas 

correspondiente. Lo que se podría considerar una falta grave, sería que no 



35  

se hizo el cambio de dinero en una agencia acreditada o siguiendo el 

procedimiento correspondiente. Pero, la Demandada no es puntual al 

respecto y producto de esta ambigüedad los jueces también son poco 

claros al respecto. 

 

119. El cuarto comentario es sobre el pronunciamiento acerca del Cajero 

Supervisor por parte de la Demandada. Realmente es un poco extraño que 

la demandada le atribuya todas las imputaciones al Demandante y no se 

las extienda al Cajero Supervisor. Pese a que claramente esta persona fue 

responsable de las irregularidades, solamente se puede sobreentender que 

como ya no estaba laborando en la empresa ya no había ningún 

pronunciamiento sobre esta persona. 

 

120. Pero, resulta pertinente que todas las imputaciones hechas para encausar 

el despido hayan sido basadas en los dichos por esta persona (el 

extrabajador). Por lo que, a criterio del presente trabajo, resulta un poco 

superfluo mencionar a un trabajador que no es parte del proceso y peor 

aún que solo se limiten sus declaraciones a las iniciales mas no a sus 

finales. Justamente la contestación a la demanda adolece de argumentos 

sólidos para desacreditar las declaraciones finales del Cajero Supervisor 

en la declaración jurada vía notarial. Es más, se planteó oposición sobre 

ella, por lo que, si no era pertinente citar a esta persona, para qué entonces 

se la tomó como vital punto de referencia. 

 

121. El quinto comentario también va en relación de las actuaciones de los 

trabajadores y de cómo la Demandada no pudo pronunciarse debidamente 

sobre estas. Si el Demandante sostiene que reembolsó el dinero para no 

causarle perjuicio, es ilógico que la Demandada guarde silencio de cuál 

fue su postura sobre este acto. Y resulta un tanto contraproducente, el 

argumento de la Demandada de que tal reembolso lo que demostraba era 

la culpabilidad del trabajador. 

 

122. El sexto comentario es sobre la poca defensa que manifestó la 

contestación en torno a las afirmaciones de vulneraciones que se 



36  

plantearon en la Demanda. Por lo menos correspondía pronunciarse y 

desmentir hechos tales como intimidación para que el trabajador firmase 

con la Demandada su contrato de Trabajo o que en ningún momento se lo 

obligó a hacerse un préstamo para asumir el dinero faltante. Por más que, 

sobre este segundo punto la Demandada soslayaría que esto fue decisión 

unilateral del trabajador, no termina de ser clara con respecto a quién 

autorizó ese préstamo y cuál fue el motivo puntual para desembolsar el 

dinero. En ese sentido la Demandada no se defiende completamente frente 

a cualquier suspicacia. 

 

123. El séptimo comentario va en relación con el criterio que utilizó, para el 

sentido de su defensa, la Demandada. Es decir, si se basaría en torno a 

defensas de “razonabilidad”, que los actuados y los mandatos de la ley 

debían entenderse bajo una lógica de razonabilidad. Entonces, no tiene 

coherencia que en otros puntos se pida categóricamente el respeto al pie 

de la letra de las normas. Porque eso lo que demuestra es que la 

Demandada para lo que le convenía era necesario aplicar un criterio de 

abierta margen de aceptación, pero para las actuaciones que le eran 

desfavorables (como la imputación de cargos) estas debían ser a rajatabla. 

Es así como hubiera sido mejor que la contestación tuviera un único 

criterio para su realización. 

 

124. Por último, el octavo comentario es acerca de la poca solidez defensiva 

de la Demandada en torno a la acusación de violación del principio de 

inmediatez. Realmente es probable que se cometió una violación a dicho 

principio y como único argumento la Demandada se acogió al criterio de 

razonabilidad. Que esta sostuvo: “no se respetó el plazo que brinda la ley 

porque se necesitó de tiempo para brindar mayor detalle”. Sin embargo, 

en la segunda carta notarial no se brinda mayor detalle, sino que ambas 

partes se reafirman en sus posturas. Por lo que se pudo evidenciar que esto 

tal vez fue a causa de un desliz al interior de la Demandada y no producto 

de una elaboración cognitiva que requería mayor tiempo. Asimismo, 

sostener que la imputación de cargos se demoró debido al largo proceso 

administrativo y burocrático al interior de la empresa no parece ser el 



37  

mejor argumento. Debió ser más puntual y descriptiva de todas las 

investigaciones y por qué tomaron tanto tiempo. 

 

125. Por último, con respecto a la sentencia de primera instancia, el presente 

trabajo brinda seis comentarios sobre dicho pronunciamiento. Siendo el 

primero que la sentencia emitida no guarda completa cohesión. Esto se 

evidencia entre los considerandos primero y quinto. En el primero, declara 

improcedente la tacha planteada por la Demandada puesto que la 

Declaración Jurada del Cajero Supervisor era importante para dilucidar 

los hechos. Sin embargo, en el quinto considerando estima que dicha 

declaración está desvirtuada por el acta de interrogación al interior de la 

empresa. 

 

126. El segundo comentario va en relación con el criterio que evidenció el 

juez a lo largo de su pronunciamiento. Este se basó enteramente en 

afirmaciones subjetivas, de lo que el magistrado consideró debió ser, de 

lo que él consideraba debía ser y de lo que pudo ser. Lo que fue 

preponderante fue el juicio de valor subjetivo y no hubo prácticamente 

ningún análisis objetivo. Solamente la mención de la norma para aplicar 

la sanción. Pero incluso sobre el criterio para interpretar la sanción, el juez 

no se basó en argumentos sólidos. En ningún considerando se evidencio 

una completa elaboración de supuestos fácticos que conlleven a una 

conclusión razonable de aplicación de las normas jurídicas. 

 

127. Justamente esto lleva al tercer comentario. El juez en sus considerandos 

se pronuncia sobre lo que él considera, pero no sustenta. Por ejemplo, 

asevera que la declaración jurada del Cajero Supervisor estaría 

desvirtuada por sus declaraciones previas, pero no desarrolla por qué 

afirma esto. ¿Es porque la primera declaración tiene mayor valor? ¿Es 

porque la declaración en el marco de una investigación tiene mayor valor? 

¿La segunda declaración tiene algún vicio? Son interrogantes que surgen, 

pero el juez no dilucida nada. 



38  

128. El cuarto comentario también va sobre ese mismo argumento, pero con 

respecto a la atribución de funciones y competencias. El juez dice que era 

responsabilidad del Demandante y por ende este omitió sus funciones. 

Pero no es categórico sobre cuál era la diferencia de funciones del Cajero 

Supervisor y del Jefe de Agencia. ¿Estos tenían las mismas funciones, 

respondían individualmente o tal vez incluso respondían de forma 

conjunta por cualquier omisión? Le atribuye toda la culpa al Demandante, 

pero no se pronuncia sobre el segundo trabajador. 

 

129. El quinto comentario es sobre la falta de motivación que muestra la 

sentencia. Si bien, señalar falta de motivación o motivación aparente 

parece ser algo difícil, en la sentencia hay afirmaciones que nos pueden 

llevar a suponer esto. El juez especializado sostiene: “los hechos mismos 

evidencian por si mismos la falta grave”. Tal pronunciamiento es 

contrario a lo que debería ser aplicación de tutela jurisdiccional efectiva. 

Si los hechos “revelan” por sí mismos la falta, entonces ¿cuál es la labor 

del juez? Ciertamente, el mismo juez se está abstrayendo a un segundo 

plano donde él no valora los hechos, sino que solo los deja “revelarse” por 

sí mismos. Entonces, esto nos lleva a concluir para qué se va a acudir al 

juez a que este solucione la controversia si va a dictaminar que los hechos 

son por sí solos prueba suficiente. 

 

130. Y, para no caer en el mismo error que comete el juez de ser subjetivo, 

un hecho que manifiesta la falta de completa motivación es que el juez no 

se pronuncia sobre todas las imputaciones. Así como la Demandada no 

puede establecer una relación cabalmente lógica sobre los hechos, puesto 

que dos de las tres imputaciones (los robos) se basan en suposiciones de 

cuando posiblemente ocurrieron los hechos y de cual posiblemente habría 

sido la actitud del Demandante. El juez tampoco puede elaborar un 

resumen de los hechos completo. Esto se ve reflejado en que la tercera 

imputación (el faltante de diez mil soles) no termina de ser completamente 

explicado. ¿Los dos mil soles eran parte de los diez mil soles? ¿El 

Demandante se robó los diez mil soles? ¿El Demandante propició el robo 

de los diez mil soles? Simplemente se hace mención que hay un faltante 



39  

de diez mil soles durante la gestión del Demandante, pero no se da un 

completo detalle. Y el juez intenta no pronunciarse al respecto, porque no 

tiene certeza y ahí incurre en falta de motivación. 

 

131. El sexto comentario va con respecto al principio de inmediatez. 

Realmente, el juez evidenció completo desconocimiento y equivocación 

tanto en la interpretación como en la aplicación de dicho principio. El 

magistrado cita el artículo 41° del D.S. 001-96-TR el cual brinda la 

posibilidad de que al trabajador se le pueda extender el plazo mínimo de 

seis días para que efectúe su descargo. Pero el juez entiende que el 

empleador también a sí mismo se puede extender el plazo. Lo cual 

claramente es contrario a la aplicación de inmediatez, puesto que no tiene 

sentido que la parte sancionadora tenga los beneficios de la parte afectada. 

 

132. Es así también, que nuevamente el juez aplicando un criterio totalmente 

subjetivo y carente de sustento dictamina que la Demandada requirió de 

mucho más tiempo (alrededor de quince días) para elaborar una segunda 

carta notarial donde supuestamente debido a los descargos iniciales, tuvo 

que hacer una profunda búsqueda. Pero que al final en la segunda carta de 

pre-despido, no se evidenció mayor elocución que haya requerido que la 

Demandada se tome dicho lapso adicional. 

 

ii. Sobre el Recurso de Apelación y la Sentencia de Segunda Instancia 

 

 

133. Con respecto a la apelación planteada por el Demandante tiene varios 

puntos importantes que ataca justamente a los comentarios que el presente 

trabajo hace. Sin embargo, tiene otras falencias, una de ella crítica, que 

terminan por hacer muy mejorable la Apelación. Con respecto a esta, se 

presentan cuatro comentarios. 

 

134. El primer comentario va en torno a la omisión crítica que hace la 

apelación. Esta en ningún momento ataca la sentencia con perspectiva a 

la vulneración al debido proceso por falta de motivación. Claramente en 

la sentencia se omiten pronunciarse sobre varios puntos (que sí expone el 



40  

recurso) pero nunca se señala por lo menos en los errores de derecho que 

el juez no motivó correctamente su decisión. Argumentos de sobra tuvo el 

Demandante para señalar la falta de motivación como, por ejemplo: No 

pronunciarse sobre todos los medios probatorios, no pronunciarse sobre 

todas las imputaciones, no establecer con precisión el relato de los hechos, 

no hacer una elocución objetiva en los considerandos. Realmente era muy 

factible alegar violación al debido proceso. 

 

135. El segundo comentario ya es propiamente sobre los errores de hecho 

alegados. Ciertamente la estrategia legal que tuvo el Demandante, a 

criterio de este trabajo, no fue la mejor. Puesto que alegar “yo no cometí 

la falta grave” no era la mejor defensa, sino mejor hubiera sido en ningún 

momento hubo un quebrantamiento de la buena fe laboral. Ejemplo de esta 

estrategia sería que pese a que hubo una omisión de funciones la relación 

no se volvería irrazonable y podrían haber continuado laborando. Además 

de señalar que la falta no era propiamente del Demandante sino del Cajero 

Supervisor, era importante basar el recurso de Apelación en que hubieron 

hechos y actos que probaban que no hubo un quebrantamiento de la buena 

fe laboral. Prueba de ello, el otorgamiento del préstamo, la no remoción 

de sus funciones durante la investigación, el otorgamiento de vacaciones 

sin ningún tipo de comunicación acerca de las investigaciones. 

Ciertamente en la apelación, se debió atacar con mayor precisión la 

escueta elaboración subjetiva que hace el juez de primera instancia. 

Justamente porque este no se pronuncia de dichos actuados. 

 

136. El tercer comentario va en relación con el tercer error de hecho señalado 

en la demanda. En este se sostiene que el juez valora la actitud del 

Demandante al momento de devolver el dinero como un acto inculpatorio. 

Y estuvo bien en señalar que dicho pronunciamiento era errado, pero faltó 

desarrollar que tal acto del Demandante fue producto del pedido del 

Gerente de Operaciones (por lo menos los diez mil soles). Tal hecho que 

sí se menciona en la demanda, no es nuevamente traído a colación y era 

importante tenerlo presente. Porque tal vez pudo haber sido tomado como 



41  

un acto en base a la potestad sancionadora del empleador a través de su 

Gerente de Operaciones. 

 

137. Y, por último, el cuarto comentario va con respecto a los errores de 

derechos que se omitieron y se pudieron señalar. No solamente se viola el 

D.S. 003-97-TR y el principio de inmediatez, también hubo vulneración 

al principio de razonabilidad y al derecho de defensa. Puesto que el juez 

en su pronunciamiento hace uso del primero para intentar convalidar las 

actuaciones de la Demandada en torno a las formalidades que revistieron 

el procedimiento de despido. Pero en ningún momento, se pronuncia en 

que el principio de razonabilidad puede ser entendido para alegar omisión 

de obligaciones y consecuentemente quebrantamiento de la buena fe 

laboral. Asimismo, pese a que el Demandante señala en sus descargos a la 

carta de pre-despido que hay una vulneración a su derecho de defensa; 

tanto en la demanda como en la apelación, no se vuelve a pronunciar. Es 

labor del juez pronunciarse sobre todo el procedimiento de despido, tanto 

sobre si se cometió o no la falta, así como si el procedimiento respeto las 

formalidades mínimas exigidas. El juez al no pronunciarse sobre si hubo 

o no violación a su derecho de defensa en la carta de pre-despido estaría 

dejando un problema sin resolver. 

 

138. Ya pasando propiamente a la sentencia de la sala laboral, esta se va al 

otro extremo de amparar el pedido del Demandante e ir en contra de todo 

lo señalado por el juez especializado. Si bien es cierto, a criterio del 

presente trabajo, esta sentencia se aproximó mucho más a lo que hubiera 

sido correcto para resolver este caso, esta también termina teniendo 

errores graves que justamente darían pie al recurso de casación. Con 

respecto a este pronunciamiento se hacen cinco comentarios. 

 

139. El primer comentario es sobre un hecho sobre saltante y es que la sala 

laboral también es subjetiva con respecto a sus estimaciones. Nuevamente 

la sentencia se basa en lo que el magistrado “supone” que debe ser. De 

hecho, no es un problema que el juez manifieste su opinión y dictamine 

en base a esta. El problema se presenta cuando solamente dictamina y no 



42  

explica todo el procedimiento elocutivo que lo llevó a asumir esa postura. 

Decir que la falta no merecía despido porque el Demandante devolvió 

dinero, no parece ser la razón más lógica. Quizás si hubiera desarrollado 

a profundidad estos hechos, se hubiera podido asumir una postura más 

objetiva. 

 

140. Lo anterior nos lleva al segundo comentario, la segunda sentencia no 

termina de ser categórica en su fallo. La sala laboral tenía un buen 

argumento al estimar que de los actuados no se podía evidenciar una falta 

con tremenda gravedad que hiciera irrazonable la relación laboral, así 

como también desarrollar que las faltas cometidas no causaron perjuicio a 

la Demandada. Esa elocución posiblemente estuvo bien, pero no tuvo base 

legal. Se dejó abierta la posibilidad que la Demandada diga que el juez 

está imponiendo criterios adicionales a la norma. Cuando estos criterios 

son transversales al derecho en general. La relación de causa-efecto, el 

despido se produce porque el trabajador omitió sus funciones y esta 

omisión afectó tanto la relación que produjo un quebrantamiento de la 

buena fe laboral. Pero, si el trabajador quiso redimir su supuesto error, por 

el contrario de afectar la buena fe laboral, la está dignificando. Y el juez 

justamente debió darle la base legal que está contenida en los principios 

de razonabilidad y proporcionalidad. 

 

141. El tercer comentario es sobre una omisión que resulta llamativa, la sala 

laboral simplemente no se pronuncia sobre las violaciones al principio de 

inmediatez. La nueva sentencia sí habla sobre que la falta no revestía 

gravedad y no era susceptible de un despido por aplicación de los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad, pero no se pronuncia si el 

procedimiento de despido violó o no el principio de inmediatez. Quizás ya 

no había falta que sancionar, porque tal vez tomando en consideración las 

formalidades no respetadas, el principio de inmediatez resultaba clave. 

Pero, la sala no desarrolla ningún considerando sobre esto. Lo cual sigue 

dejando en ambigüedad si hubo o no violaciones al principio de 

inmediatez. 



43  

142. El cuarto comentario es sobre otras omisiones en las que vuelve a 

incurrir la segunda sentencia al igual que la primera. No se pronuncia 

sobre la totalidad de los medios probatorios. Ciertamente esto deja 

entrever que no hubo una correcta tutela judicial efectiva, no se 

desarrolla que es preponderante las declaraciones del Cajero Supervisor 

en el interrogatorio al interior de la empresa o su declaración jurada 

posterior. No se toma en consideración que el Gerente de Operaciones 

solicitó al trabajador que reponga el dinero faltante durante su gestión. Y 

tampoco se considera que se otorgó un préstamo al trabajador para que 

este le devuelva dinero a la Demandada. No se valora si esta tuvo mala fe 

al momento de proceder con el despido inmediatamente que se le pagó 

dicho préstamo. Realmente la sentencia vuelve a tener una falta de 

motivación con respecto a hechos clave. 

 

143. Y el último comentario es sobre el principio “non bis in idem”. Si bien 

es cierto tal principio está desarrollado en la doctrina más que en las 

normas laborales. La sala se intenta pronunciar al respecto, pero no le da 

el valor correspondiente. Al momento de considerar que el trabajador ya 

ha devuelto el dinero y esto graduaría la sanción, se intenta soslayar que 

un mismo agente estaría siendo supervisado y sancionado por una misma 

falta dos veces, lo que se podría considerar como un doble procedimiento 

de una misma falta. La sentencia de segunda instancia pudo tener un 

desarrollo mucho más profundo con respecto a términos y definiciones 

jurídicas que pudieron darle un contenido mayor. Pero justamente al 

omitir darle la categorización correspondiente es que se abren muchas 

aristas para cuestionar la subjetividad de la sentencia. 

 

 

iii. Sobre el Recurso de Casación y la Sentencia de la Corte Suprema 

 

 

144. Pasando a la etapa final del proceso judicial, en relación primero con el 

recurso de casación este fue bastante sólido en líneas generales y en los 

fundamentos en que se basó. Ciertamente este recurso aprovechó tanto el 

vacío que dejó la poca motivación de la sala laboral, así como de pequeñas 



44  

citas jurisprudenciales que reforzaban su postura. Sobre el recurso de 

casación se hacen tres comentarios. 

 

145. El primero de ellos es con respecto a la interpretación que hace la 

Demandada y que solicita a los jueces supremos que compartan. 

Ciertamente en la casación planteada, se trastoca la idea que la sala laboral 

incorpora elementos que no están presentes en el artículo 25° inciso “a” 

del D.S. 003-97-TR. Se habla que se incluían conceptos de “gravedad” y 

“perjuicio” para hacer que la falta sea inexistente, sin embargo, esa es una 

forma de interpretar la sentencia de segunda sala. Otra forma distinta sería 

que la sala habría interpretado tal artículo a la luz de los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad. No es que se estén incorporando 

conceptos al artículo, sino que dicho artículo, así como toda normativa 

legal, tiene que entenderse en el marco de un ordenamiento jurídico donde 

hay principios preponderantes. En ese sentido, la interpretación que hace 

de lo estimado por la sala es muy conveniente para desacreditarla. 

 

146. Con respecto al segundo, resulta alarmante la interpretación que hizo la 

Demandada en su recurso sobre cómo se debía entender la potestad 

sancionadora del empleador. Hacer una aplicación automática de solo 

verificar si se cumple la falta y por consecuencia despedir, para luego decir 

que este actuado no podría ser valorado por el juez es bastante osado. 

Dicho de otra forma, que al juez no le corresponde decidir si el despido es 

a lugar o no porque eso es potestad del empleador. Aceptar esta idea sería 

tremendamente perjudicial para el trabajador, puesto que si el juez no tiene 

potestad para rebatir la decisión tomada por empleador entonces cual sería 

el límite a dicha potestad. Esa era una forma de entender la tesis propuesta 

en el recurso de casación, y a criterio de este trabajo no era conforme a 

ley. 

 

147. Por último, la jurisprudencia citada en el recurso de casación no 

termina por ser categórica sobre el pedido de la Demandada. Si el punto 

era señalar que la falta grave no debía distinguir entre “gravedad” y 

“perjuicio”, con respecto al segundo sí es cierto que el incumplimiento de 



45  

las obligaciones 



46  

no tiene que generar perjuicio para ser considerado falta grave. Pero, lo 

que en ninguna sentencia detalla es si las omisiones sean graves o no 

automáticamente facultan al empleador a despedir. Justamente el 

atenuante va a estar en torno a si se quebranta la buena fe laboral. Un 

concepto que claramente es subjetivo y este va a incidir sobre si es 

meritorio o no. Otro punto que la Demandada estratégicamente decide 

omitir es que, en las sentencias citadas, no se habla de la potestad 

sancionadora, la cual sí deberá respetar el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad. Efectivamente la norma habilita a despedir, pero 

dependerá del empleador evaluar si corresponde o no y si es que considera 

que sí corresponde cuanto menos deberá ser conciso sobre la falta 

imputada como exige el artículo 32 de la ley de productividad y 

competitividad laboral. LPCL. 

 

148. Es así como la Demanda exige tomarse a literalidad del artículo que la 

legitima a despedir, pero para otros artículos; como por ejemplo la 

aplicación del principio de inmediatez o las formalidades del 

procedimiento de despido, sí acepta hacer un juicio de razonabilidad. 

 

149. Y, por último; en el proceso judicial, al respecto de la sentencia de la 

Corte Suprema, como primera impresión, considero que es muy mejorable 

dicha sentencia y deja más controversias en vez de esclarecer conceptos 

jurídicos para brindar correcta tutela jurisdiccional efectiva. Sobre este 

pronunciamiento final se brindan cinco comentarios. 

 

150. El primer comentario es en torno a cuál es el fundamento de dicha 

sentencia. El recurso se plantea para que la Corte Suprema analice el 

artículo 25° del D.S. 003-97-TR y vea si se aplicó correctamente o si debió 

aplicar de forma distinta. Si estamos en el segundo supuesto, la Corte 

Suprema debió desarrollar cual debería ser la correcta interpretación de 

dicho artículo. Pero lejos de hacer eso, lo que hizo fue pronunciarse sobre 

el fondo del asunto y no de la cuestión de puro derecho que estaba llamada 

a resolver. 



47  

151. Es todavía más agravante, que encima que se pronuncia sobre el fondo 

del asunto no se pronuncia de forma correcta. Solo desarrolla una de las 

tres imputaciones y todavía se equivoca en torno a cuál es la falta 

cometida. Esta sostiene que la falta es “autorizar al Cajero Supervisor 

Lázaro Mejía, a retirar la suma de dos mil nuevos soles de la citada 

agencia” y que dicha conducta “importa una actitud negligente”. Pero esa 

no es la falta, porque el Jefe de Agencia sí estaba autorizado a brindar 

dicho permiso para hacer el cambio de billetes a monedas correspondiente. 

La falta es que no hizo dicho cambio como dictamina el procedimiento, 

en una agencia de cambio autorizada. Y justamente esa falta podría ser 

atribuida al Cajero Supervisor mas no al Jefe de Agencia. En ese sentido, 

la Corte Suprema no se pronuncia sobre las competencias que tenían cada 

trabajador y cómo debían ser interpretadas, sino que habla de la falta 

cometida y encima comete un error sustancial al determinarla. 

 

152. El segundo comentario también va relacionado con la tesis central de la 

sentencia. El único desarrollo que hace la Corte Suprema con respecto al 

pedido de cómo se debe interpretar el artículo citado lo hace en el 

considerando séptimo, el cual tiene una manifiesta incoherencia. Pues esta 

sostiene lo siguiente: “la conducta descrita (…) importa una actitud 

negligente que adquiere gravedad por el cargo que desempeñaba el actor, 

configurándose la falta grave descrita en el artículo (…) que no puede ser 

valorado con los criterios de gravedad y perjuicio causado”. No queda 

claro por qué la Corte Suprema señala que la falta toma mayor gravedad 

por el cargo del Demandante si después va a argumentar que la gravedad 

no tiene ninguna repercusión. 

 

153. El tercer comentario, otro de lo más importantes, está relacionado con la 

estimación misma que hace la Corte Suprema al señalar que el artículo 

25° del D.S. 003-97-TR no puede ser valorado con al menos el criterio de 

la gravedad. Puesto que asumir tal afirmación implicaría que no se tome 

en consideración los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

Principios que no tendrían que ser señalados en todos y cada uno de los 

artículos, sino que se sobreentienden que son transversales a todas las 



48  

normas jurídicas. Pero al parecer la Corte Suprema siguiendo una lectura 

literal de su considerando no eran relevantes dichos principios. 

 

154. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la corte en el 

considerando quinto desarrolla lo que para ella consideraba un deber del 

trabajador. El cual es realizar su prestación de servicios de forma diligente 

y con la dedicación adecuada. De lo que se desprende que para la corte sí 

importan los criterios subjetivos de la razonabilidad. Puesto que hablar de 

diligencia y adecuada dedicación, solo se pueden asumir cumplidos dichos 

deberes en un análisis subjetivo de lo que se entiende razonable o 

comúnmente aceptado. Por lo que nuevamente la sentencia manifiesta una 

clara incoherencia y poca congruencia entre lo considerado y lo concluido. 

 

155. El cuarto comentario que se hace a la sentencia es que este dictamen 

adolece de una motivación todavía más explícita. Pues los magistrados 

supremos en su octavo considerando únicamente señalan lo siguiente: 

“Que, por consiguiente, se ha incurrido en contradicción respecto de las 

ejecutorias presentadas por el impugnante, siendo necesario ampara esta 

causal”. De lo que surgen muchas interrogantes tales como: ¿Cuál es la 

contradicción? ¿A qué ejecutorias se refiere, son estas la jurisprudencia 

señalada? ¿Es la misma la contradicción con cada una de las sentencias 

señaladas? ¿Cuál es el criterio que se utilizó para considerar lo señalado? 

Y, por último, pero no menos importante ¿Porque es “necesario” amparar 

la causal? Todas esas interrogantes surgen a raíz del octavo considerando, 

que se reitera más genera suspicacia que solución al conflicto. 

 

156. Y el comentario final que se hace a la sentencia es por qué al momento 

de casar la sentencia de segunda instancia, por qué dictamina que se 

aplique la sentencia de primera instancia. Si esta última tiene vicios y 

defectos que son totalmente manifiestos y encima incurre en muchas 

omisiones que dejan el conflicto entre las partes totalmente en la 

ambigüedad y no en la certeza plena. Si, por último, la Corte Suprema no 

quería pronunciarse sobre el fondo (como sí lo hizo en parte y mal) por 

qué no exigió o al juez especializado o a la sala laboral que se vuelvan a 



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pronunciar, pero esta vez siguiendo los supuestos lineamientos de la 

correcta interpretación del artículo materia del recurso de casación. 

Claramente la sentencia generó un estado de indefensión para el 

Demandante que, al agotar la vía judicial, muchos de sus argumentos no 

fueron ni tomados en consideración y muchos actuados ni siquiera fueron 

tomados en cuenta en las sentencias. 

 

V. Análisis de los puntos Jurídicamente Relevantes 

 

 

157. Habiendo ya terminado propiamente la parte informativa del presente 

trabajo de suficiencia profesional, ahora se pasará a la parte de análisis 

jurídico sobre los temas laborales preponderantes y que merecen 

desarrollo. Un análisis que iría en torno a lo que fue, a lo que debería ser 

y a lo que tanto la doctrina como la jurisprudencia recomienda que deba 

ir. 

 

i. Tipos de Despidos en el Ordenamiento Peruano 

 

 

158. Lo primero que nos suscita es ver los tipos de despidos que se 

configuran en le ordenamiento nacional peruano, y en base a ello ver las 

características, posibilidades y consecuencias que abarca cada uno de 

ellos, estos son: Despido Nulo, Despido Incausado, Despido Fradulento y 

Despido Injustificado. 

 

a. Despido Nulo 

 

 

159. El despido nulo está previsto en el artículo 29 del D.S. 003-97-TR, en el 

cual se establecen las causales de configuración de este. Es decir, si el 

empleador tiene como motivo o justificación para la culminación de la 

relación laboral alguno de los cinco supuestos (la afiliación sindical, la 

representación de los trabajadores, participación en procesos contra el 

empleador, discriminación, el período de embarazo, así como el desarrollo 

de cada uno de estos supuestos en la legislación) el legislador habrá 



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previsto que dichos supuestos devendrán en nulo y se podrán extinguir la 

relación laboral. 

 

160. Justamente eso nos lleva al siguiente punto con respecto al despido 

nulo, el mismo decreto en su artículo 34° establece que cuando el 

despido se configura como nulo el trabajador podrá optar por una de las 

dos vías reparadoras o la indemnización respectiva o la reincorporación 

en su puesto de trabajo. 

 

b. Despido Incausado 

 

 

161. El despido incausado se configura cuando el empleador decide culminar 

la relación laboral sin que haya expuesto motivo alguna que justifique la 

disolución del vínculo laboral. Con respecto a este despido su base 

normativa está contenida en el artículo 34° del D.S. 003-97-TR, artículo 

que lo califica como despido arbitrario. 

 

162. Pero, el desarrollo propio de este tipo de despido y su tipo de reparación 

(y su verificación como ilegal) fue expuesto por el Tribunal Constitucional 

en el expediente 1124-2002-AA/TC (Caso FETRATEL vs 

TELEFÓNICA del PERÚ S.A.C.) El tribunal en su desarrollo jurídico de 

los hechos expuso que frente a este tipo de despido “ad nutum” no solo 

debía ser posi